Una oportunidad para que la tecnología esté al servicio del derecho a la educación

En un mundo afectado por la pandemia de la Covid-19, la tecnología cobra especial relevancia para acompañar los procesos de aprendizaje a distancia, que, de otro modo, serían imposibles de llevar a cabo.

Las herramientas digitales han tomado protagonismo para acceder a la educación, aunque todavía persisten importantes desafíos que debemos abordar.

En la Semana del Aprendizaje Móvil, impulsada por UNESCO, creemos fundamental visibilizar el impacto de la pandemia en la educación y concientizar sobre cuáles son las perspectivas del aprendizaje en un mundo en el que también se puso de manifiesto la desigualdad en el acceso a estas herramientas tecnológicas.

Desde que comenzó la pandemia, en SUMMA llevamos a cabo un plan de acción para potenciar el derecho a la educación en América Latina y el Caribe a través de la articulación con diversas organizaciones y actores internacionales.

Entre otras iniciativas, desarrollamos una guía para docentes sobre educación en línea en el contexto de la COVID-19; diseñamos una plataforma digital para continuar con el trabajo con los docentes de Arica en el marco de nuestro Programa Chaka; iniciamos un ciclo de webinars en el marco de la plataforma colaborativa CO+INCIDE; realizamos una encuesta a 3.176 docentes para saber cómo se están abordando las clases a distancia en el contexto de la pandemia; y junto con el BID (Banco Inter-Americano de Desarrollo) convocamos a un Concurso sobre Innovación para la Justicia Educacional en América Latina en el que participaron 78 instituciones de 11 países, para identificar y promover soluciones que den respuesta a los principales desafíos y problemáticas que enfrentan los sistemas educativos de la región.

Según UNESCO, en el último decenio, “la tecnología de los dispositivos móviles ha llegado a los rincones más recónditos del planeta, lo que supone nuevas posibilidades para la enseñanza y el aprendizaje, incluso en comunidades donde las prestaciones en educación tradicional son limitadas”.

Sin embargo, la falta de acceso a Internet y la baja cantidad de dispositivos móviles por familia, sobre todo, en comunidades vulnerables de América Latina y el Caribe, impacta directamente en el derecho a la educación.

La mitad de la población mundial está offline. Y la distribución no es aleatoria: se asocia a niveles de desarrollo. 8/9 de cada 10 personas usan Internet en el mundo avanzado, mientras que en los países menos desarrollados, 2 de cada 10 personas pueden hacerlo (CIPPEC, 2020).

En Paraguay, Guatemala o Nicaragua, 9 de cada 10 estudiantes de escuelas rurales no tienen acceso a Internet (Estudio TERCE, 2013).

A esto se le suma el desafío del acompañamiento pedagógico y la formación docente para que este nuevo modelo de educación pueda promover un aprendizaje integral.

El tema de la accesibilidad a las herramientas digitales que permiten la continuidad educativa, formó parte de la mesa de debate en la XXVII Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Educación realizada el pasado 6 de octubre en Andorra, España.

En su declaración conjunta, coincidieron en que “la desigualdad social se expresa también en el desigual acceso a la tecnología, por lo que debe prestarse una particular atención a aquellas nuevas fuentes de inequidad que profundizan las desigualdades preexistentes, como la brecha digital, a nivel nacional y entre los países”.

En un escenario en el que todavía no hay certezas respecto de la vuelta a las clases presenciales, y en el que se discute un posible modelo mixto, es imperativo reflexionar y trabajar sobre las brechas digitales para asegurar el derecho a la educación de todas las personas.

El desafío es enorme pero la oportunidad de asegurar el derecho a la educación, única.