La educación en América Latina y el Caribe avanza hacia la inclusión

Por Javier González, Director de SUMMA; Manos Antoninis, director del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo (Informe GEM) y Claudia Uribe, directora de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago)

Los países de América Latina y el Caribe han recorrido un largo camino para intentar disminuir las brechas históricas derivadas del colonialismo, la opresión y la discriminación. No obstante, aún queda mucho trecho por recorrer para alcanzar el objetivo de la Agenda 2030: garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos y todas.

La educación inclusiva debe considerar a todo el estudiantado. Sin embargo, la alta desigualdad de la región, reflejada en sus sistemas educativos, presenta enormes desafíos. El Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2020 América Latina y el Caribe – Inclusión y educación: Todos y todas sin excepción, plantea la inclusión en educación como un proceso que incorpora la diversidad, que crea un sentido de pertenencia, arraigado en la creencia de que toda persona tiene valor y potencial y debe ser respetada, independientemente de sus antecedentes, capacidades o identidad. En este sentido, no basta sólo con reconocer la diversidad, sino que se debe avanzar en valorarla y construir sobre ella.

Para no dejar a nadie atrás, tanto en la oferta educativa de los países, como en la respuesta a la pandemia, es preciso abordar los obstáculos que enfrentan distintos grupos sociales para el cumplimiento del derecho a la educación en relación a la dimensión de género, pobreza, el lugar de residencia, en particular en lugares remotos y/o rurales, la condición de población migrante, refugiada y desplazada, la diversidad sexual, la discapacidad y la población en situación de privación de libertad.

El Informe da cuenta de los esfuerzos de algunos países por transitar hacia sistemas educativos más inclusivos, aunque también advierte la persistencia de desafíos importantes, como la percepción extendida de la diversidad como un problema, o las prácticas segregadoras en educación que no siempre tienen en cuenta las necesidades de todo el estudiantado. Estos desafíos se ven hoy exacerbados con la emergencia de la COVID-19 y reafirman la importancia de consolidar el rol del Estado como garante del derecho a la educación.

En términos de avances, más del 90% de los países de la región ha formulado leyes para las personas con discapacidad. Las legislaciones nacionales presentan más avances en comparación con otros lugares del mundo en temas de inclusión, ya sea en relación al género, grupos étnicos o lenguas indígenas. Pero los avances hacia la inclusión educativa de la diversidad sexual y de género han sido menores y difieren en la región, siendo Colombia y Uruguay los países que registran los mayores avances. En Chile, por ejemplo, en 2017, el Ministerio de Educación elaboró orientaciones prácticas para que los docentes pudieran abordar los temas relativos a la diversidad sexual con sus estudiantes.

La región evidencia avances también en la institucionalización de la etnoeducación y la educación intercultural bilingüe (y plurilingüe) en países como Colombia, Ecuador y Bolivia, por mencionar algunos. Otros países como Guyana y Trinidad y Tobago, cuentan con el apoyo de la comunidad y de las organizaciones de la sociedad civil para incluir y dar acceso a la educación a las personas desplazadas y migrantes, y también a aquellas que residen en zonas rurales y remotas. Esto también se observa con las radios comunitarias impulsadas por ONG que, como en el caso de la República Bolivariana de Venezuela, emiten programas educativos para las personas privadas de libertad.

No obstante, las comunidades, también han sido escenarios de pugnas y posiciones encontradas en relación a la igualdad de género y el respeto a la diversidad sexual en la educación. El debate sobre la inclusión del enfoque de género en el currículo nacional en países como el Perú y Brasil es un ejemplo de ello.

La reconfiguración de las escuelas especiales en centros de recursos se ha convertido en una estrategia, tanto para apoyar la inclusión del estudiantado con discapacidad en las escuelas regulares, como para preparar al personal docente en temas de inclusión, tal como se observa en Nicaragua y Uruguay. Algunos países han realizado importantes avances enfocados en el financiamiento de la educación con foco en la equidad y la inclusión, asignando mayores recursos tanto a las escuelas más desfavorecidas como al alumnado que más lo requiere. Ejemplo de ello es la amplia extensión de políticas de transferencias condicionadas a lo largo y ancho de la región, así como la presencia de medidas de acción afirmativa destinadas a asegurar el acceso equitativo a la educación superior en países como Brasil, Chile y Ecuador.

La variedad de experiencias de los países de la región recopiladas en este Informe permite vislumbrar políticas, estrategias y caminos posibles de seguir para conseguir que las sociedades de América Latina y el Caribe aprecien la diversidad como algo que hay que celebrar y no como un problema a rectificar, y para que desarrollen sistemas educativos que tengan en su carta de navegación la adaptación a contextos y realidades diversas.

Uno de los elementos valiosos de este Informe es que, al tiempo que facilita el proceso de aprendizaje de las experiencias de otras latitudes, también destaca la particularidad de los procesos de transición hacia sistemas de educación inclusivos. No hay fórmulas únicas y cada sociedad puede tomar diferentes rutas que le permitan alcanzar los objetivos de inclusión orientados por principios de justicia social.