“Perder el derecho a la libertad no implica perder el derecho a la educación”

En la segunda jornada del IV Foro Regional de Políticas Educativas 2020: inclusión y educación en tiempos de post-pandemia, el director de SUMMA, Javier González, moderó el panel sobre educación con personas en situación de privación de libertad. “Perder el derecho a la libertad no implica perder el derecho a la educación”, dijo. 

Durante cuatro días, se lleva a cabo este espacio de debate sobre las implicancias políticas de la Agenda Educación 2030, que este año hace foco en la crisis educativa actual causada por la COVID-19 y tiene como hilo conductor los resultados del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo (GEM) 2020 de la UNESCO para la región del que SUMMA formó parte.

El foro cuenta con la presencia de ministros y referentes de gobierno de América Latina y el Caribe, representantes de organizaciones sub-regionales de América Latina y el Caribe y expertos regionales especializados en política educativa. El objetivo del encuentro es reflexionar sobre las prácticas que los sistemas educativos ejercen sobre diversos grupos o colectivos sociales y que generan, como consecuencia, discriminación y exclusión.

“Los datos muestran que la educación tiene la capacidad de bajar un 13% la reincidencia en el delito de los jóvenes una vez que salen en libertad”, aseveró Javier González, y agregó que “que los jóvenes no vuelvan a delinquir es un beneficio para la sociedad”.

Según el nuevo Informe GEM para América Latina y el Caribe, elaborado por SUMMA y UNESCO, se requieren respuestas colectivas para combatir los prejuicios y la discriminación, y en este sentido, “las personas jóvenes en situación de privación de libertad han acumulado desventajas a raíz de sus experiencias escolares pasadas, una visión negativa de sí mismos y bajas expectativas de las y los docentes”. En El Salvador, por ejemplo, las y los docentes de jóvenes en situación de privación de libertad exponen situaciones de violencia y describen las amenazas que reciben de los reclusos en las escuelas.  

Esta cuarta edición del Foro Regional de Políticas Educativas 2020 fue organizada conjuntamente por la Oficina para América Latina del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE), la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO), el Instituto de Estadística (UIS), la División de Apoyo y Coordinación a la Agenda Educación 2030 y el Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo (GEM). 

A partir del diagnóstico y las recomendaciones presentadas en los paneles, representantes de los ministerios de Antigua y Barbuda, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Curazao, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Montserrat, Nicaragua, Paraguay, Perú, San Martín, Santa Lucía y Surinam trabajarán sobre propuestas de acciones concretas para la construcción de políticas para una educación más inclusiva.